25/01/2026
La muerte de un niño de apenas tres años, ocurrida el 23 de enero de 2026 en una residencia ubicada en Ñuñoa y dependiente del Servicio de Peor Niñez, no es un hecho aislado ni una tragedia inevitable: es la consecuencia directa de un Estado que sigue eludiendo su responsabilidad. Basta de niñeces institucionalizadas, basta de vulneraciones sistemáticas, basta de muertes que luego se intentan diluir en comunicados tibios y sumarios administrativos. La responsabilidad no recae únicamente en las educadoras de trato directo —el eslabón más precarizado de la cadena—, sino también en quienes deciden, supervisan y avalan este modelo de abandono con sello institucional: el magistrado, el consejo técnico, la curaduría y las duplas psicosociales que actúan con una impunidad casi mesiánica, creyéndose el Cristo Redentor mientras los niños mueren bajo su tutela. Si existe un mínimo de coherencia ética, Claudio Castillo debe poner su cargo a disposición. No como gesto simbólico, sino como reconocimiento de una negligencia estructural que sigue cobrando vidas.
Por Bryan, hoy decimos presente!
