04/09/2026
El ministro del Interior, Rodrigo Lara, criticó la decisión judicial que ordena a la Presidencia abstenerse de ejecutar operaciones aéreas ofensivas cuando exista información cierta, objetiva o razonablemente verificable sobre la posible presencia de menores de edad en el lugar de la operación.
Lara sostuvo que, aunque las decisiones de la justicia deben ser respetadas, también pueden ser objeto de crítica. El funcionario cuestionó especialmente el alcance del término “razonablemente verificable” y planteó dudas sobre cómo debería aplicarse ese criterio en el terreno.
“¿Un indicio? ¿Una fuente? En ese supuesto todo es plausible”, señaló el ministro.
Según Lara, la decisión podría dificultar las operaciones de la Fuerza Pública contra grupos armados que reclutan o utilizan menores de edad. Afirmó que los niños, niñas y adolescentes deben ser protegidos con el máximo rigor, pero advirtió sobre el riesgo de que su presencia sea utilizada por organizaciones criminales como una forma de evitar operaciones militares.
El ministro calificó esta posibilidad como un “incentivo perverso y peligrosísimo” y anunció que el Gobierno apelará la decisión judicial, a la que calificó de “absurda e inconstitucional”.
El debate se centra ahora en cómo garantizar la protección de los menores reclutados por grupos armados sin afectar las operaciones legítimas de la Fuerza Pública contra estructuras criminales, asunto que deberá resolverse dentro del marco judicial correspondiente.
