11/08/2026
Cámaras municipales de Quito y Guayaquil quedan bajo escrutinio por presunto uso irregular de videovigilancia
El acceso y utilización de sistemas de videovigilancia municipal generan cuestionamientos políticos y pedidos de investigación. Una denuncia presentada ante la Fiscalía también menciona un supuesto seguimiento con cámaras y posibles conexiones entre sistemas de Quito y Guayaquil.
El manejo de los sistemas de videovigilancia municipal en Quito y Guayaquil entró en el centro del debate político nacional, luego de que el Ejecutivo presentara una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por un presunto uso irregular de estas herramientas con fines de seguimiento político.
Según la información difundida sobre la denuncia, el señalamiento apunta al expresidente Rafael Correa, a quien se atribuye presuntamente el uso de sistemas de videovigilancia para realizar seguimiento o perfilamiento de opositores. Estos hechos deberán ser investigados por la Fiscalía, que deberá establecer si existieron conductas ilícitas y determinar eventuales responsabilidades.
La controversia también alcanza a los sistemas municipales de seguridad de Quito y Guayaquil. En el caso de la capital, el acceso, control y utilización de las cámaras municipales han comenzado a generar cuestionamientos sobre los mecanismos de administración y protección de la información obtenida mediante videovigilancia.
El debate tomó mayor fuerza tras la polémica relacionada con una presunta “sala espejo” de Segura EP en Guayaquil, durante la administración del alcalde Aquiles Álvarez. Este caso abrió interrogantes sobre quiénes podían acceder a las imágenes de las cámaras municipales, bajo qué protocolos y con qué finalidad.
En Quito, la discusión coloca bajo escrutinio a la administración del alcalde Pabel Muñoz, particularmente respecto de los sistemas de videovigilancia utilizados para seguridad ciudadana y coordinación con otras instituciones.
Uno de los principales puntos de preocupación gira en torno al manejo de la información generada por miles de cámaras instaladas en espacios públicos. El acceso a estas imágenes, los mecanismos de almacenamiento, los protocolos de consulta y las eventuales conexiones con otros sistemas son aspectos que podrían ser revisados dentro de las investigaciones correspondientes.
Por ahora, los señalamientos forman parte de una denuncia y de un debate político que deberá ser esclarecido mediante investigaciones formales. La Fiscalía tendrá que determinar si existió un uso indebido de los sistemas de videovigilancia, quiénes tuvieron acceso a la información y si se configuraron responsabilidades penales.
El caso vuelve a poner sobre la mesa una discusión sensible para las principales ciudades del país: cómo garantizar que las herramientas tecnológicas destinadas a fortalecer la seguridad ciudadana no sean utilizadas para fines ajenos a su propósito legal.
Mientras avanzan las investigaciones, las administraciones municipales de Quito y Guayaquil quedan bajo la atención pública por el manejo de sus sistemas de videovigilancia y por las garantías existentes para evitar un uso indebido de la información.
