Taller Cervecero POW

29/05/2026

El Papa León XIV publicó una encíclica advirtiendo sobre la concentración de poder, los monopolios de información y el control de las conciencias en manos de pocos.
El b***o hablando de orejas.

La hipocresía del poder: el Vaticano descubre los monopolios
Por Isaac Guzmán
Hay algo cómico en que la institución que inventó la centralización de la verdad en Occidente saque una encíclica para advertirnos sobre la concentración de datos en pocas manos.
Magnifica humanitas, la primera encíclica del Papa León XIV, publicada el 25 de mayo, es básicamente el Vaticano denunciando en OpenAI y Google el mismo modelo de negocio que ellos perfeccionaron durante mil quinientos años. Un intermediario único entre el usuario y aquello que le da sentido a su vida, con monopolio sobre el lenguaje, sobre la interpretación y sobre la sanción al disidente. La diferencia es que Sam Altman no quema a nadie en la hoguera.
El Papa pide “restricciones éticas más rigurosas” para quienes diseñan tecnologías que moldean la conciencia colectiva. El planteamiento es impecable. También es lo que el Index Librorum Prohibitorum hizo durante cuatro siglos hasta 1966. Ayer, en términos institucionales. La Iglesia decidió qué se podía leer, qué se podía pensar y qué se podía decir en voz alta, con un aparato burocrático que Silicon Valley apenas está aprendiendo a replicar.
La encíclica habla de “nuevos monopolios” que concentran datos, capital informático y capacidad normativa. Cámbiale los sustantivos: confesionarios, diezmos y derecho canónico. Es el mismo modelo. La Iglesia inventó la extracción sistemática de datos íntimos antes de que existiera la palabra dato. Cada confesión es un registro. Cada bautismo un identificador. El Vaticano lleva veinte siglos haciendo perfilado del alma.
León XIV también pide superar la teoría de la “guerra justa”. Excelente. Esa teoría la inventaron Agustín y Tomás de Aquino, dos Doctores de la Iglesia, precisamente para que el cristianismo pudiera matar con coartada teológica. Las Cruzadas, la Reconquista, la conquista de América, las guerras de religión que despoblaron Europa en el siglo XVII. Todo eso operó bajo ese paraguas. Pedir hoy superarlo es admitir que durante un milenio se vendió como doctrina lo que era licencia para el imperio.
La petición de perdón por la esclavitud va en el mismo género. Hermoso gesto. También: la Iglesia poseyó esclavos, bendijo el comercio atlántico con bulas papales desde 1452, y la primera condena pública del tráfico no llegó hasta 1839. Peor todavía. En 1866, ya con Lincoln mu**to y la esclavitud abolida en Estados Unidos, el Santo Oficio seguía declarando que comprar y vender esclavos no era contrario al derecho divino. Pedir perdón cuando el costo de oportunidad es cero no es contrición. Es relaciones públicas.
Lo más fino del documento, y también lo más revelador, es la crítica al transhumanismo. La idea de optimizar al ser humano, eliminar su fragilidad, controlarlo todo. El Papa tiene razón en que es una visión empobrecida. Pero el catolicismo histórico ofrecía exactamente lo mismo en versión sobrenatural. Elimina tu fragilidad con los sacramentos, controla tu destino con la gracia, optimiza tu alma con la confesión, evita la muerte con la salvación. Silicon Valley no inventó la promesa de trascendencia. La copió. Lo que le molesta a la Iglesia no es la promesa. Es la competencia.
Por eso el documento llega ahora. No porque la IA haya alcanzado un punto crítico, sino porque el Vaticano necesita reposicionarse como autoridad moral global en el único terreno donde todavía puede pretender voz: qué significa ser humano. Es una jugada inteligente. También es, exactamente, lo que la encíclica acusa a las big tech de hacer.
El diagnóstico de la encíclica es correcto. La concentración de poder es peligrosa. La tecnología necesita límites éticos. El ser humano merece más que ser optimizado. Todo eso es verdad. Solo que sale de la boca de la institución que mejor lo sabe porque mejor lo ha practicado.
El b***o hablando de orejas.

29/05/2026

La hipocresía del poder: el Vaticano descubre los monopolios
Por Isaac Guzmán
Hay algo cómico en que la institución que inventó la centralización de la verdad en Occidente saque una encíclica para advertirnos sobre la concentración de datos en pocas manos.
Magnifica humanitas, la primera encíclica del Papa León XIV, publicada el 25 de mayo, es básicamente el Vaticano denunciando en OpenAI y Google el mismo modelo de negocio que ellos perfeccionaron durante mil quinientos años. Un intermediario único entre el usuario y aquello que le da sentido a su vida, con monopolio sobre el lenguaje, sobre la interpretación y sobre la sanción al disidente. La diferencia es que Sam Altman no quema a nadie en la hoguera.
El Papa pide “restricciones éticas más rigurosas” para quienes diseñan tecnologías que moldean la conciencia colectiva. El planteamiento es impecable. También es lo que el Index Librorum Prohibitorum hizo durante cuatro siglos hasta 1966. Ayer, en términos institucionales. La Iglesia decidió qué se podía leer, qué se podía pensar y qué se podía decir en voz alta, con un aparato burocrático que Silicon Valley apenas está aprendiendo a replicar.
La encíclica habla de “nuevos monopolios” que concentran datos, capital informático y capacidad normativa. Cámbiale los sustantivos: confesionarios, diezmos y derecho canónico. Es el mismo modelo. La Iglesia inventó la extracción sistemática de datos íntimos antes de que existiera la palabra dato. Cada confesión es un registro. Cada bautismo un identificador. El Vaticano lleva veinte siglos haciendo perfilado del alma.
León XIV también pide superar la teoría de la “guerra justa”. Excelente. Esa teoría la inventaron Agustín y Tomás de Aquino, dos Doctores de la Iglesia, precisamente para que el cristianismo pudiera matar con coartada teológica. Las Cruzadas, la Reconquista, la conquista de América, las guerras de religión que despoblaron Europa en el siglo XVII. Todo eso operó bajo ese paraguas. Pedir hoy superarlo es admitir que durante un milenio se vendió como doctrina lo que era licencia para el imperio.
La petición de perdón por la esclavitud va en el mismo género. Hermoso gesto. También: la Iglesia poseyó esclavos, bendijo el comercio atlántico con bulas papales desde 1452, y la primera condena pública del tráfico no llegó hasta 1839. Peor todavía. En 1866, ya con Lincoln mu**to y la esclavitud abolida en Estados Unidos, el Santo Oficio seguía declarando que comprar y vender esclavos no era contrario al derecho divino. Pedir perdón cuando el costo de oportunidad es cero no es contrición. Es relaciones públicas.
Lo más fino del documento, y también lo más revelador, es la crítica al transhumanismo. La idea de optimizar al ser humano, eliminar su fragilidad, controlarlo todo. El Papa tiene razón en que es una visión empobrecida. Pero el catolicismo histórico ofrecía exactamente lo mismo en versión sobrenatural. Elimina tu fragilidad con los sacramentos, controla tu destino con la gracia, optimiza tu alma con la confesión, evita la muerte con la salvación. Silicon Valley no inventó la promesa de trascendencia. La copió. Lo que le molesta a la Iglesia no es la promesa. Es la competencia.
Por eso el documento llega ahora. No porque la IA haya alcanzado un punto crítico, sino porque el Vaticano necesita reposicionarse como autoridad moral global en el único terreno donde todavía puede pretender voz: qué significa ser humano. Es una jugada inteligente. También es, exactamente, lo que la encíclica acusa a las big tech de hacer.
El diagnóstico de la encíclica es correcto. La concentración de poder es peligrosa. La tecnología necesita límites éticos. El ser humano merece más que ser optimizado. Todo eso es verdad. Solo que sale de la boca de la institución que mejor lo sabe porque mejor lo ha practicado.
El b***o hablando de orejas.

26/05/2026

Dos casos, una vara

Antes de hablar de justicia, hay que corregir el dato: la Fiscalía General de la República ya llamó a declarar tanto a María Eugenia Campos Galván, gobernadora de Chihuahua, como a Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa. Ambos fueron citados en calidad de testigos, no como imputados.
El caso de Maru Campos surge de la investigación sobre el operativo realizado en la Sierra del Pinal, Chihuahua, los días 17 y 18 de abril, donde se indaga la participación de agentes estadounidenses y la cadena de mando de servidores públicos estatales. La gobernadora anunció que acudirá a declarar el 27 de mayo.
Tiene que responder.
Sin privilegios.
Sin convertir automáticamente un citatorio en persecución política.
Pero el caso de Rubén Rocha Moya no puede tratarse como una nota secundaria. El 29 de abril, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció una acusación contra él y otros nueve funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa por narcotráfico y delitos relacionados con armas, bajo señalamientos de colaboración con el Cártel de Sinaloa. Es una acusación formal en Estados Unidos; no una sentencia.
El 2 de mayo, el Congreso de Sinaloa autorizó la licencia temporal de Rocha Moya y designó como gobernadora interina a Yeraldine Bonilla Valverde. Separarse del cargo no demuestra culpabilidad. Pero tampoco cancela la obligación del Estado mexicano de investigar con seriedad.
La Secretaría de Gobernación asegura que los citatorios forman parte del procedimiento y que la FGR actúa sin interés político. Bien. Esa afirmación no se acredita con un comunicado. Se acredita con expedientes que caminen, diligencias transparentes y decisiones jurídicas explicadas.
Porque la misma vara no consiste en citar a dos gobernadores el mismo día.
Consiste en no acelerar el expediente de una gobernadora opositora mientras se administra con cuidado político el caso de un gobernador surgido del partido en el poder.
Consiste en no confundir debido proceso con silencio cómodo.
Y consiste en no usar el fuero, la licencia o la narrativa partidista como cortinas para que los hechos se pierdan entre declaraciones.
Maru Campos debe responder por lo que se investigue sobre Chihuahua y la presencia de agentes extranjeros en un operativo estatal.
Rubén Rocha Moya debe responder por los señalamientos que lo colocaron, desde una acusación estadounidense, bajo sospecha de protección política al narcotráfico.
A los dos se les debe respetar la presunción de inocencia.
A los dos se les debe investigar.
A ninguno se le debe regalar impunidad.
La vara no se mide en conferencias, comunicados o discursos sobre legalidad.
Se mide cuando las instituciones investigan a los propios con la misma firmeza que exigen para los adversarios.
Y ese examen, para la FGR y para el Gobierno Federal, apenas comienza.

25/05/2026

JUEZ FRENA CALAMBRE
Por Isaac Guzmán
No es una victoria final.
No es sentencia.
No significa que el amparo esté ganado.
Pero sí es una señal importante: un juez federal ordenó frenar, por ahora, la aplicación de la llamada “Suspensión Temporal por adeudo” en mi contra.
El caso quedó radicado como amparo indirecto 833/2026 ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa en Jalisco. La demanda fue admitida a trámite contra actos atribuidos a la Rectora del CUCSH, la Secretaria Administrativa, la Coordinación de Control Escolar del CUCSH y la Coordinación General de Control Escolar de la Universidad de Guadalajara.
La historia empezó con una amenaza administrativa.
Una figura llamada “Suspensión Temporal por adeudo” apareció en el calendario de trámites de Control Escolar del CUCSH para el cierre del ciclo 2026A. Primero estaba programada para el 4 y 5 de mayo. Después, según el propio acuerdo judicial, fue movida por correo electrónico al 22 y 23 de junio de 2026.
El problema no es que la Universidad cobre.
Puede cobrar.
El problema es otro: una universidad pública busca presionar a los alumnos para cobrarles, tras inventar una figura administrativa que afecta el estatus académico de estudiantes sin que exista, al menos hasta ahora, un fundamento reglamentario claro y exhibido.
Por eso presenté amparo.
No para que se me condone un adeudo.
No para no pagar.
No para ponerme por encima de nadie.
Presenté amparo porque estudio Derecho y porque, si una autoridad actúa sin fundamento suficiente, el camino institucional para reclamarlo no es el grito: es el juicio.
El Juzgado abrió por separado el incidente de suspensión, que es la parte urgente del amparo. Ahí no se decide todavía si el acto es constitucional o no. Ahí se decide si el daño debe frenarse mientras se estudia el fondo. La audiencia incidental quedó señalada para el 27 de mayo de 2026 a las 11:05 horas.
Antes de esa audiencia, el juez concedió la suspensión provisional.
¿Para qué?
Para que las autoridades responsables se abstengan de aplicarme la “Suspensión Temporal por adeudo” el 22 y 23 de junio de 2026 o en fechas posteriores; para que no modifiquen mi estatus académico en el SIIAU; y para que no me impidan, nieguen o bloqueen trámites escolares ordinarios.
Eso importa.
Pero hay que decirlo con cuidado.
Esta suspensión provisional no elimina la figura para toda la comunidad estudiantil. No resuelve el fondo. No declara todavía inconstitucional nada. Solo ordena mantener las cosas como están en este caso concreto, mientras el juzgado decide si concede o no la suspensión definitiva y, más adelante, si otorga o niega el amparo.
También hay otro dato relevante: el juzgado pidió a las autoridades rendir informe previo en 48 horas dentro del incidente. En otras palabras: ahora la autoridad tiene que explicar ante un juez qué hizo, por qué lo hizo y con qué fundamento.
Eso, por sí solo, ya cambia el terreno.
Porque una cosa es publicar un calendario.
Otra cosa es sostenerlo ante el Poder Judicial Federal.
El asunto apenas empieza.
La Universidad tiene derecho a defender su actuación. Las autoridades pueden rendir informes, aportar documentos y explicar su versión. El juzgado tendrá que valorar todo.
Pero el primer freno ya existe.
Y quizá esa sea la parte más importante de esta etapa: no se trata de celebrar una derrota ajena. Se trata de recordar algo elemental.
La autoridad no se obedece porque asusta.
Se obedece cuando actúa con fundamento y conforme a la ley.
Y cuando no lo hace, para eso existe el amparo.

24/05/2026

ANEXOS FUERA DE CONTROL
Por Víctor González
Los llamados anexos no pueden seguir funcionando como territorios aparte.
No son bodegas humanas.
No son cárceles privadas.
No son negocios de encierro disfrazados de ayuda.
Son establecimientos que atienden a personas con problemas de adicción. Y justamente por eso deberían estar más vigilados, no menos.
La NOM-028-SSA2-2009, vigente en México, regula la prevención, tratamiento y control de las adicciones; no es una sugerencia decorativa, es el marco técnico mínimo para operar este tipo de centros.
Jalisco tampoco parte de cero. La Ley de Salud del Estado establece que el Gobierno estatal, a través del Consejo Estatal contra las Adicciones, debe mantener actualizado el directorio de instituciones, expedir certificados de funcionamiento, supervisar, inspeccionar, sancionar y denunciar irregularidades cuando corresponda.

Además, las instituciones públicas y privadas dedicadas a la atención de adicciones deben contar con licencia o permiso, personal técnico calificado, permitir inspecciones, tener responsable acreditado, expedientes clínicos, controles de ingreso y egreso, tratamientos libres de violencia y separación adecuada por edad y género.
Entonces la pregunta no es si hay reglas.
La pregunta es por qué tantos centros siguen operando como si no existieran.
Tlaquepaque se volvió el foco rojo más reciente. En mayo, autoridades municipales reportaron siete centros clausurados de 37 revisados; en algunos casos se detectó falta de expedientes médicos y psicológicos, documentación incompleta y condiciones insuficientes para una atención adecuada.
Notisistema reportó que algunos anexos en Tlaquepaque operaban sin permiso municipal, sin autorización de Coprisjal, sin aviso de funcionamiento o incluso sin identificación visible; también citó al director municipal contra las adicciones al señalar que había 63 centros detectados y que seguían apareciendo más por denuncias ciudadanas.
El caso se vuelve más delicado cuando hablamos de menores.
En abril, Milenio documentó la clausura de un centro en Tlaquepaque donde fueron localizados 22 niños y adolescentes de entre 9 y 17 años; nueve denunciaron maltrato, tocamientos indebidos e incluso abuso sexual. El mismo reporte señala que el lugar sólo contaba con alrededor del cinco por ciento de la documentación necesaria.
Otro centro, ubicado en La Guadalupana, fue clausurado tras localizar a 12 mujeres y una menor de edad; la autoridad detectó ausencia de expedientes clínicos completos, deficiencias en procesos terapéuticos y la presencia de una menor junto con adultas.
Y esto no es sólo un asunto administrativo.
En abril de 2026 se informó la condena de dos empleados de un centro de rehabilitación por la muerte de un interno en un anexo de San Pedrito, Tlaquepaque; la víctima falleció por múltiples contusiones en cráneo y abdomen, de acuerdo con lo señalado por la Fiscalía en el reporte periodístico.
Ahí está el punto.
Cuando un anexo opera sin control, el riesgo no es un papel faltante.
El riesgo es una persona golpeada.
Una familia engañada.
Un menor vulnerable.
Una muerte anunciada.
La autoridad estatal no puede lavarse las manos diciendo que eso le toca al municipio. Y el municipio no puede actuar sólo cuando ya hubo denuncia, escándalo o tragedia.
La inspección debe ser permanente, no reactiva. La propia Ley de Salud de Jalisco establece que la Secretaría y autoridades competentes deben inspeccionar de forma permanente las instituciones dedicadas a la atención de adicciones, revisar condiciones de salud de internos, cumplimiento de obligaciones, protocolos, manuales y normas.
Aquí hace falta mano firme.
Censo real.
Padrón público.
Verificación sanitaria.
Revisión de licencias.
Expedientes clínicos.
Personal acreditado.
Separación de menores y adultos.
Canales de denuncia.
Clausura inmediata cuando haya riesgo.
Y denuncia penal cuando existan hechos que puedan constituir delito.
La corrupción, si existe, no se combate con comunicados.
Se combate con expedientes, inspecciones, sanciones y responsables.
Porque un centro de rehabilitación no puede ser un negocio tolerado por la necesidad de las familias. No puede ser un encierro privado sostenido por la desesperación. No puede ser una zona gris donde nadie sabe quién entra, quién sale, quién atiende, quién cobra y quién responde.
Ayudar a una persona con adicciones exige tratamiento, no castigo.
Exige salud, no golpes.
Exige supervisión, no abandono.
Y si un anexo no puede cumplir la norma, no debe operar.
Así de claro.